viernes, 15 de marzo de 2013

IMPLICASIONES ECONOMICAS POLITICAS Y SOCIALES DEL USO DE COMBUSTIBLES


IMPLICASIONES ECONOMICAS POLITICAS Y SOCIALES DEL USO DE COMBUSTIBLES

Considerando que la demanda de energía eléctrica se duplica aproximadamente cada 8 años, y que es uno de los principales motores de desarrollo del país, el retraso o cancelación de Ralco, puede acarrear graves consecuencias económicas para el país.

Cuando vivimos una de las recesiones más graves de los últimos tiempos, y de acuerdo al último catastro elaborado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital, para el período 1999-2003 la inversión privada cayó más de un 7%, la cancelación de Ralco, aportaría un 2,7% adicional a dicha caída.

El atraso en la puesta en marcha de una central hidroeléctrica que aportará el 14% de la energía para cubrir el aumento de demanda hasta el año 2005 es preocupante. La hidroelectricidad es la forma más barata de producir energía y su paralización obligará a adelantar la entrada en servicio de las centrales a gas de ciclo combinado,

Es así como el atraso o cancelación de la construcción de Ralco dará lugar a un aumento en los precios de la energía, por su mayor costo relativo y además debido a que no alcanzará a cubrir la demanda proyectada; el costo para el usuario de no disponer de energía, en caso de que Ralco no entre en funcionamiento en el período previsto, asciende a monto de US$ 1 millón.

Consecuencias Sociales

La paralización de Ralco ya ha cobrado 1.600 cesantes a los más de 600.000 que tiene el país. Aproximadamente 300 de ellos son pehuenches, que tomaban parte en las obras. Estas cifras referidas a la VIII Región representan el 2,23% del total de cesantes y el 10,7% de los cesantes del sector construcción. La construcción de la Central tenía proyectado para el año próximo, el empleo de más de 2.500 trabajadores.

Adicionalmente, si Ralco se desiste de llevar a cabo el proyecto, aquellas familias pehuenches que lo apoyaron, aceptaron la relocalización y que ya fueron trasladadas, deberán volver a su localización original y devolver las indemnizaciones ya obtenidas. Será entonces, este grupo quien interponga los recursos de protección correspondientes en contra de quienes la detuvieron y presionarían para que la central se realice.

Consecuencias Políticas

Es importante consignar que los mayores proyectos de inversión que se han sometido a Estudio de Impacto Ambiental, han sido objeto de recursos de protección por parte de grupos ambientalistas que buscan detener su desarrollo y con ello el del país a cualquier precio. Si el gobierno continuo ajeno a estos problemas y retarda la aprobación de los permisos, y los proyectos importantes terminan en demandas judiciales, independiente de su viabilidad ambiental establecida por la CONAMA, va a ser difícil recuperar nuestra alicaída economía. Cada proyecto además del tiempo que demora obtener los permisos de la autoridad para funcionar, se verá obstaculizado por demandas judiciales, algunas de ellas sin fundamento alguno. Ello desincentivará la inversión tanto extranjera como nacional, desviando estos recursos a países donde prime el desarrollo y el bienestar del país más que las presiones de grupos ambientalistas.

 

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